El suicidio de Brayan Rayo Garzón, un migrante colombiano que permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), regresó al centro del debate tras una investigación de Associated Press que advierte que los suicidios entre migrantes retenidos por ese organismo están aumentando de manera «alarmante». El caso vuelve a encender las alertas sobre las condiciones de detención y sobre la necesidad de una mayor fiscalización de una política migratoria que ya enfrenta cuestionamientos por sus consecuencias humanas.
De acuerdo con los registros oficiales, Rayo pasó cuatro días en aislamiento en una cárcel de Misuri después de ser capturado por el ICE. Su situación se deterioró mientras presentaba síntomas de covid-19 y se aplazaba la respuesta a una solicitud de atención en salud mental. Además, se le impidió llamar por teléfono a su madre con el argumento de evitar la propagación de la enfermedad en el penal. Ante ello, escribió dos notas a mano a sus custodios para pedir que le permitieran hablar con ella.
La situación provocó la reacción del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ordenó a la Cancillería entregar una nota de protesta e instó a Washington a «reflexionar» sobre las consecuencias de su política migratoria. En un mensaje en X, Petro afirmó que al joven no se le permitió llamar a su madre y relacionó lo ocurrido con los efectos de esa estrategia. La secuencia recogida en los registros y en la investigación vuelve a evidenciar el contraste entre el discurso de control migratorio y el resultado visible dentro del sistema de detención.