A dos años de que el presidente Luis Abinader prometiera transparentar la gestión del Gobierno con la publicación periódica de auditorías financieras y de gestión, los datos oficiales exhiben una distancia entre ese compromiso y lo que efectivamente conoce la ciudadanía. En septiembre de 2023, la Presidencia presentó la difusión de los primeros 19 informes de la Contraloría General de la República como un paso en transparencia y en cumplimiento de la Constitución y de las leyes 200-04 y 10-07.
Pero entre 2023 y 2024 la Contraloría registró 206 auditorías, y apenas 39 fueron publicadas, lo que equivale al 18.9 % del total. La distribución oficial señala además que otras 39 auditorías estaban listas para ser publicadas, 67 continuaban en proceso, 33 ya estaban finalizadas pero no se divulgaron y 28 correspondían a gobiernos locales. Esa brecha entre los anuncios y esas cifras deja bajo presión la narrativa oficial sobre el acceso ciudadano a la información del uso de los fondos públicos.
En lo que va de 2026, la entidad solo ha hecho públicas tres auditorías, correspondientes al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Esos informes, elaborados entre 2020 y 2022, siguen siendo pocos frente al volumen de auditorías concluidas o en trámite de aprobación desde 2024, en un escenario que refuerza la demanda de mayor fiscalización y de explicaciones sobre por qué la mayoría de esos procesos no ha sido divulgada.