El Partido de la Liberación Dominicana presentó la decisión judicial sobre sus dirigentes Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta como una señal de alerta institucional, al sostener que confirma lo que ha venido denunciando durante años: que las acusaciones en su contra no contaban con sustento suficiente para llevarlos a un juicio de fondo. Durante una rueda de prensa encabezada por su secretario general, Johnny Pujols, junto a tres vicepresidentes y otros dirigentes, el PLD afirmó además que el proceso revela un uso político de la justicia y pone en duda la existencia de un Ministerio Público verdaderamente independiente.
En el documento leído por Pujols, la organización también puso el acento en las consecuencias que esos procesos dejaron para los imputados y sus familias, al señalar que enfrentaron alertas migratorias ilegales, prisión preventiva, campañas de descrédito público, afectaciones económicas y de salud, además de un profundo sufrimiento personal y familiar. Para el partido, ninguna decisión judicial puede borrar por completo el tiempo perdido ni el daño reputacional y emocional acumulado durante años.
El PLD extendió ese razonamiento a otros dirigentes descargados por los tribunales tras largos procesos y medidas restrictivas, y subrayó que el debate trasciende los casos individuales. Según expuso, las decisiones recientes obligan a revisar el riesgo que supone para la democracia la utilización política de los mecanismos de justicia y a reafirmar que solo los jueces pueden determinar la culpabilidad o inocencia de una persona.