La decisión de no ha lugar dictada a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados en el presunto caso de corrupción administrativa en perjuicio del Estado por más de 19,000 millones de pesos volvió a situar bajo la lupa la respuesta institucional ante expedientes de alto impacto. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este lunes que el fallo de la magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, contiene “falencias procesales elementales” y confirmó que el Ministerio Público lo apelará.
En un documento de prensa, Reynoso sostuvo que la lucha contra la corrupción “no se detendrá” y advirtió que dejar pasar una resolución que, a su juicio, no se sustenta en derecho y favorece a imputados con un rol fundamental dentro de una estructura criminal no sería “honesto ni justo para el país”. Asimismo, aseguró que el órgano persecutor agotará todos los recursos procesales disponibles, mientras las demás instancias judiciales deberán asumir la responsabilidad que les corresponde conforme al derecho.
La procuradora añadió que no puede pasarse por alto que, según expuso, uno de los imputados beneficiados con el no ha lugar admitió haber recibido más de 700 millones de pesos en efectivo provenientes de actos de corrupción. Con esa apelación, el caso entra en una nueva fase marcada por la revisión judicial y por la presión de rendir cuentas en un expediente que implica un presunto daño al Estado por miles de millones de pesos.