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893 muertes y 30,826 heridos reavivan la presión sobre la seguridad vial en 2026

junio 4, 2026 · Redactor
893 muertes y 30,826 heridos reavivan la presión sobre la seguridad vial en 2026
Foto: eldinero.com.do

Las cifras divulgadas por el Intrant vuelven a poner bajo la lupa la fiscalización, la infraestructura y la capacidad de respuesta ante una crisis que sigue afectando a la ciudadanía.

En lo que va de 2026, los accidentes de tránsito han provocado 893 muertes y 30,826 lesionados en República Dominicana, un saldo que vuelve a mostrar el alto costo humano de una seguridad vial que aún no ofrece resultados suficientes. El dato fue presentado por Joel Gnecco Gross, director de Tránsito y Vialidad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), al admitir que no se trata de hechos inevitables, sino de siniestros vinculados a velocidad, conducción riesgosa, motocicletas, falta de protección, baja percepción del riesgo, fiscalización efectiva insuficiente, infraestructura vial tolerante al error y una cultura vial débil.

En una entrevista concedida a elDinero, Gnecco Gross sostuvo que la respuesta debe ser integral y abarcar educación, fiscalización, ingeniería vial, licenciamiento, tecnología, análisis de datos y sanciones efectivas. Su diagnóstico también señaló como factores de la alta siniestralidad el exceso de velocidad, la imprudencia, el irrespeto a las señales, el uso inadecuado del casco, la conducción bajo los efectos del alcohol, las distracciones y las maniobras peligrosas, con un impacto especial sobre los usuarios más vulnerables, en particular los motociclistas.

El panorama se complica además por la composición del parque vehicular. Según la DGII, al cierre de 2025 el país contaba con 6.1 millones de vehículos, de los cuales el 57% corresponde a motocicletas, con 3.5 millones. A esto se suma que apenas el 37% del parque vehicular tiene una póliza vigente, conforme a la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar). En el caso de las motocicletas, menos del 10% dispone de un seguro, una brecha que refuerza la necesidad de mayor vigilancia institucional y de rendición de cuentas frente a una crisis que continúa creciendo.