Bogotá, 6 jun (EFE).- Al cumplirse un año del atentado contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, el caso continúa alimentando la discusión pública no solo por su repercusión en la elección presidencial de 2026, sino también por las señales de fragilidad institucional que dejó en evidencia. Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza durante un mitin el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en Bogotá, y murió el 11 de agosto, después de más de dos meses hospitalizado en la Clínica Santa Fe.
La Fiscalía General de la Nación ha reportado la captura de nueve personas por el homicidio, cuatro de ellas ya condenadas, entre estas el adolescente que disparó. Durante el juicio, Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, aseguró que «el grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia», una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC. Pese a los avances en la investigación, el crimen sigue siendo una referencia obligada sobre la capacidad del Estado para garantizar seguridad en medio de una campaña presidencial.
El profesor Yann Basset, de la Universidad del Rosario, explicó a EFE que el asesinato representó una alerta de seguridad para la campaña y la «tensó». Aunque precisó que «no hubo que deplorar más atentados graves contra candidatos en esta campaña», también señaló que lo sucedido refleja «la situación difícil que existe en materia de seguridad en algunas regiones del país». Además, el caso incidió en la dinámica interna del Centro Democrático, donde Uribe Turbay era, según encuestas internas del partido, favorito para la candidatura presidencial, en medio de una crisis por denuncias de una presunta estrategia de manipulación y de una campaña para favorecer su aspiración frente a las de Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.