El Tribunal Constitucional (TC) declaró conforme a la Constitución la fusión entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), con lo cual queda consolidada la creación del Ministerio de Hacienda y Economía. A través de la sentencia TC/0288/26, la alta corte desestimó en forma definitiva la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Wilkin Antonio Moreno Abreu contra la Ley núm. 45-25.
La impugnación planteaba que esa legislación debió tramitarse como ley orgánica, por tratar asuntos vinculados con presupuesto y planificación del Estado, materias que —a juicio del accionante— están sometidas al artículo 112 de la Constitución, el cual exige mayoría calificada y un procedimiento legislativo especial. No obstante, el TC concluyó que la norma no se excedió en sus funciones y que su finalidad es reorganizar competencias dentro de la administración pública.
Con esta decisión, el tribunal dejó establecido que las leyes que crean, reforman, fusionan o suprimen ministerios no forman parte de las materias reservadas exclusivamente a leyes orgánicas, de manera que la aprobación de la Ley 45-25 como ley ordinaria en el Congreso Nacional fue considerada correcta. El respaldo constitucional despeja la controversia jurídica, pero mantiene bajo observación el punto central para la opinión pública: que la promesa de optimizar el gasto estatal se refleje en resultados comprobables en áreas sensibles como el presupuesto y la planificación.