El anuncio de nuevas medidas económicas volvió a dejar al descubierto la distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de la gente. En la presentación se habló de consolidación fiscal, evasión, incentivos, ingresos adicionales, sostenibilidad, presión externa y estabilidad macroeconómica, pero la cuestión de fondo sigue siendo la misma: cómo se traducirá todo eso en el bolsillo de la población.
La economía que enfrenta la mayoría no se mide en ruedas de prensa, sino en el colmado, el supermercado, la factura eléctrica, el cilindro de gas, el pasaje, la consulta médica, el préstamo y un salario que se agota antes de terminar la semana. Aunque el Gobierno asegura que no tocará los productos básicos, que protegerá a los vulnerables y que aliviará a microempresas y clase media, el historial de promesas incumplidas mantiene abierta la exigencia de vigilancia sobre el costo social de cualquier ajuste.
Más allá de la defensa técnica de las medidas, el punto crítico sigue siendo quién absorberá finalmente la carga. En un escenario en el que con frecuencia los sectores de mayor poder logran trasladar sus costos hacia abajo, aumenta la presión para que las autoridades rindan cuentas y demuestren que esta vez el peso no volverá a recaer sobre quienes ya están al límite.