La muerte de Marky Abraham García Gil, alias «Maiky», durante una persecución policial en el sector El Hatico, provincia La Vega, volvió a poner bajo presión la reforma de la Policía Nacional. El hecho, ocurrido el sábado 13 de junio, generó cuestionamientos después de que versiones difundidas indicaran que el joven habría levantado las manos en señal de rendición antes de ser abatido y que luego su cuerpo fue retirado del lugar y arrastrado por un callejón.
Ante esas denuncias, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que el Gobierno apuesta a que los agentes actúen conforme a los debidos procesos establecidos en los protocolos. También señaló que, cuando se presenta un caso que «sale de contexto», de inmediato intervienen los organismos de inspectoría y asuntos internos, mientras la Policía Nacional realiza su investigación interna y el Ministerio Público lleva a cabo las pesquisas dentro de su competencia.
La funcionaria reiteró que la transformación policial debe sustentarse en los derechos humanos y aseguró que no se persigue impunidad, sino transparencia. No obstante, el episodio vuelve a exponer la exigencia de rendición de cuentas sobre una reforma que sigue siendo evaluada a la luz de denuncias graves y de la demanda ciudadana de una Policía realmente cercana, capaz de servir y proteger sin apartarse del debido proceso.