El caso Onco-14 vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos vinculados a la salud, ahora con señalamientos de que fondos del Senasa habrían sido sustraídos mediante el Instituto Oncológico del Cibao. En Santiago, el Ministerio Público apresó a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, a quienes atribuye asociación de malhechores, estafa, soborno y lavado de activos.
De acuerdo con la acusación, esos recursos debieron ser destinados a pacientes con cáncer del régimen subsidiado y del Estado que llegan a ese centro desde toda la región del Cibao. El expediente, identificado como Onco-14, también se presenta como parte de una cadena de investigaciones relacionadas con el fraude en Senasa, un caso que ya había causado indignación por el presunto desvío de dinero destinado a la población más pobre y vulnerable.
El nuevo escándalo vuelve a reforzar la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre las estructuras que administran fondos de salud, sobre todo porque el órgano acusador todavía no ha dado a conocer el monto del dinero defraudado. En un escenario marcado por casos sucesivos, la prioridad vuelve a ser aclarar el alcance del perjuicio y establecer responsabilidades sobre recursos que debieron convertirse en atención para pacientes, no en nuevas tramas de corrupción.