Este martes, desde las 4:30 de la tarde, la Oficina de Atención Permanente de Santiago conocerá la medida de coerción contra tres imputados por el presunto desvío de millones de pesos destinados a pacientes con cáncer, en un expediente que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de fondos sensibles ligados a la atención de salud.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), junto a Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja.
Según el expediente, en coordinación con las razones sociales Vargas Lora & Asociados, hoy llamada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, los acusados habrían puesto en marcha mecanismos fraudulentos para apropiarse de recursos destinados a la atención de pacientes oncológicos afiliados al Senasa. La investigación señala supuestas prácticas de fraude clínico y farmacéutico, entre ellas cambios irregulares en indicaciones médicas, uso de sellos falsificados, doble facturación al Senasa y entrega incompleta de medicamentos a pacientes. También les atribuye la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la comercialización de fármacos donados, contrabando aprovechando exoneraciones fiscales y tráfico de sustancias controladas. De acuerdo con el órgano acusador, estas actuaciones provocaron perjuicios económicos al Estado y afectaron de forma directa a afiliados del Senasa que dependen de tratamientos para combatir el cáncer, lo que refuerza la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos en áreas críticas.