En Santiago, la Operación Onco14, derivada de Operación Cobra, volvió a poner bajo la lupa el manejo de fondos y servicios relacionados con SeNaSa. La solicitud de medida de coerción apunta a que en el Instituto Oncológico Regional Cibao (IORC) funcionó un esquema atribuido a Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasires Guzmán y Dilcia Vargas Sánchez, mediante el cual dosis de medicamentos de alto costo se facturaban completas al seguro, pero se retenían o se entregaban a medias a los pacientes.
La investigación indica que, después del cambio de administración en el centro, se hallaron almacenes con medicamentos de alto costo valorados en más de RD$3 millones que habrían sido retenidos de manera deliberada. El documento explica que esos fármacos no se entregaban porque, al tratarse de donaciones o asignaciones directas, no generaban el margen de ganancia ni las facturaciones alteradas remitidas a SeNaSa, un contraste que agrava el impacto para pacientes que dependían de esos tratamientos.
El expediente añade otras irregularidades atribuidas al grupo, entre ellas la asignación de gastos de representación de cientos de miles de pesos libres de impuestos por funciones que debían ser honoríficas. En el caso de Lora Cruceta, se menciona una asignación mensual de RD$600,000 bajo ese concepto. Las autoridades vinculan el caso a un perjuicio preliminar estimado entre RD$6,000 y RD$15,000 millones en la trama revelada por Operación Cobra, y el episodio reaviva la presión por rendición de cuentas y vigilancia efectiva sobre instituciones que administran recursos esenciales de salud.