La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dejó para el próximo viernes, a las 2:00 de la tarde, la decisión sobre la medida de coerción contra los implicados en la Operación XL526, un caso que vuelve a colocar bajo escrutinio la consistencia de los expedientes presentados por el Ministerio Público en procesos de alto impacto.
El órgano acusador solicita un año de prisión preventiva contra los 10 imputados, señalados de integrar una presunta red dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a dominicanos residentes en Estados Unidos. Sin embargo, al concluir la audiencia, abogados de la defensa cuestionaron la acusación y sostuvieron que las evidencias presentadas son insuficientes para justificar medidas privativas de libertad.
Elvin Domínguez, representante legal de varios de los acusados, afirmó que las pruebas son «certificantes, pero no vinculantes» y aseguró que no existen testigos directos ni víctimas identificadas que relacionen de manera específica a sus defendidos con los hechos imputados. José Reynoso, defensor de otros encartados, también alegó debilidades en el expediente y dijo que las supuestas víctimas no están debidamente identificadas. Mientras el Ministerio Público atribuye a los imputados la integración de una organización criminal de carácter internacional con base operativa en Jacagua, Santiago, la audiencia dejó abierto un contraste entre la gravedad de la imputación y los cuestionamientos sobre la capacidad de sostenerla con pruebas directas.