Si las condenas del Caso Coral llegan a firmeza, varios militares y policías no solo enfrentarían años de cárcel, sino también la pérdida automática de pensiones, honores y otros beneficios pagados por el Estado. Conforme a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 139-13 y al Código de Justicia Militar 3489, al mayor general ERD Adán Cáceres Silvestre; a los generales FARD Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, así como a los demás uniformados condenados, les correspondería el retiro deshonroso una vez la sentencia adquiera carácter irrevocable.
Ese efecto legal supone la anulación inmediata del salario de retiro y el despojo definitivo del uso de uniforme, insignias, arma de fuego asignada, seguros médicos militares especiales y honores fúnebres castrenses. El marco normativo militar establece que el retiro digno y las pensiones estatales son un reconocimiento a la idoneidad y al decoro en el servicio, por lo que una condena por desfalco revierte ese estatus y abre un nuevo contraste entre la función pública y el manejo de los recursos bajo custodia oficial.
También aparecen en la lista el general ERD Boanerges Reyes Batista, el coronel PN Rafael Núñez de Aza, el capitán de navío ARD Franklin Antonio Mata Flores, el teniente coronel ERD Pedro Roberto Castillo Nolasco, el coronel FARD Carlos Augusto Lantigua Cruz, el teniente coronel ERD Kelman Santana Martínez, el primer teniente FARD Erasmo Roger Pérez Núñez, el mayor ERD Raúl Alejandro Girón Jiménez, el mayor PN José Manuel Rosario Pirón y la primer teniente PN Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez. Para este grupo de 12 uniformados, la ratificación de una condena por desfalco implicaría perder no solo la libertad y el rango simbólico, sino también el acceso a recursos públicos reservados a trayectorias sin tacha, en un caso que refuerza la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas institucional.