La condena a 24 años de cárcel contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, figura clave en el ascenso de Pedro Sánchez, reabre el foco sobre la rendición de cuentas en el entorno del presidente del Gobierno español. El Tribunal Supremo lo declaró culpable de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias por un caso ligado a la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19.
En la misma sentencia, Koldo García, mano derecha de Ábalos en el ministerio, fue condenado a 19 años por los mismos delitos. El empresario Víctor de Aldama, señalado como enlace entre políticos y empresas, recibió 4 años y medio de cárcel, aunque no ingresará en prisión por su colaboración con la justicia. El poder judicial sostuvo que los tres acusados formaron una «organización criminal con reparto de funciones» y dio por probadas irregularidades en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif, así como otros hechos, entre ellos los 10,000 euros mensuales que cobraba Ábalos de la trama y la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas.
El fallo supone un nuevo desgaste para Sánchez en el tramo final de la legislatura y amplía el contraste entre el discurso oficial y la cadena de procesos que rodean a su entorno. A este caso se suman el juicio a su hermano por tráfico de influencias, la situación judicial de su esposa Begoña Gómez, también por tráfico de influencias, la imputación por corrupción de Santos Cerdán y la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por haber influido presuntamente en el Ejecutivo a cambio de comisiones ilegales. El propio tribunal advirtió sobre «el grave deterioro de la confianza ciudadana», una señal de alerta institucional que vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión y los controles del poder.