El periodista Óscar Martínez denunció que más de 500 personas han muerto bajo custodia en El Salvador, en medio de cuestionamientos al manejo de las cárceles y al poder concentrado en el gobierno de Nayib Bukele.
Según la versión recogida, Martínez aseguró que entre las víctimas hay personas detenidas sin condena ni historial criminal, y que en varios casos sus cuerpos habrían sido enterrados por el Estado sin notificar a las familias. La denuncia, de ser confirmada plenamente, apunta a un problema de control institucional, transparencia y supervisión sobre el sistema penitenciario.
El señalamiento vuelve a poner bajo escrutinio la política de seguridad salvadoreña, presentada por el oficialismo como respuesta al crimen, pero ahora enfrentada a preguntas sobre sus costos humanos, el acceso a información oficial y los mecanismos de rendición de cuentas. En ese contexto, la exigencia pública no se limita a los resultados en materia de seguridad, sino también a la verificación independiente de lo ocurrido en custodia estatal.
Martínez sostuvo que las muertes se habrían producido en prisión, lo que abre una discusión sobre la responsabilidad del Estado frente a personas privadas de libertad. El caso también deja en el centro a las familias, que habrían quedado sin notificación formal, y refuerza la necesidad de esclarecer cuántos fallecimientos ocurrieron, en qué circunstancias y bajo qué protocolos.
Hasta el momento, la información difundida en esta pieza se sostiene en la denuncia del periodista, sin que en el texto base consten respuestas oficiales ni detalles adicionales sobre auditorías, investigaciones o balances del sistema penitenciario. Por ello, el foco no está solo en la acusación, sino en la obligación de cualquier gobierno de ofrecer datos verificables, controles efectivos y acceso a la verdad cuando hay muertes bajo custodia.