La seguridad aérea volvió a poner en foco la gestión institucional del sector después de que el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella Dumas, afirmara en un programa de televisión que los asuntos de aviación civil son “sumamente sensibles” y que deben mantenerse “lo más discreto posible”. Su planteamiento, presentado como una vía para evitar que opiniones técnicas se ventilen en los medios, ha sido cuestionado por ir en sentido contrario a los estándares modernos de seguridad operacional.
El señalamiento cobra más peso porque Porcella ha ocupado puestos de liderazgo en el área desde la llegada de la administración del presidente Abinader, primero en el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y luego en la JAC. En ese marco, siguen las críticas por la falta de comunicación y transparencia tras el accidente aéreo del 7 de junio en el aeropuerto de La Romana, así como por la ausencia de resultados finales, casi cinco años después, sobre el caso de Helidosa ocurrido en 2021 en el aeropuerto internacional Joaquín Balaguer del Higüero.
La discusión tampoco se agota en el plano local. La propia Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) introdujo cambios al anexo 13 sobre investigación de accidentes aéreos para corregir precisamente enfoques de opacidad en el manejo de estos casos. El contraste deja abierta una exigencia de rendición de cuentas sobre por qué, mientras los estándares internacionales avanzan hacia mayor apertura, en República Dominicana siguen pendientes explicaciones clave en investigaciones de alto interés público.