La audiencia preliminar por la presunta red de policías vinculada con la sustracción de casi un millón de municiones de la Intendencia de Armas concluyó este martes con una señal que refuerza la exigencia de rendición de cuentas: dos de los imputados negocian con el Ministerio Público en un expediente que vuelve a poner en la mira los controles internos de la institución.
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, informó que su decisión sobre si el caso será enviado o no a juicio de fondo se dará a conocer el 29 de julio. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó dos acuerdos de juicio penal abreviado: uno con el teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, para quien pidió cinco años de arresto domiciliario, y otro con Miguelina Bello Segura, para quien solicitó 18 meses de arresto en su residencia y otros 18 meses suspendidos.
De acuerdo con la acusación, ambos eran piezas clave en la parte operativa de la organización que sustrajo las municiones. El acuerdo también incluye el cierre de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L. y el decomiso de múltiples municiones y armas de fuego ocupadas durante un allanamiento en su local.
El expediente integra además al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, señalado como encargado del departamento; al subintendente Juan Miguel Pérez Soler; al capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; y al capitán y auditor Víctor Manuel Santos. También aparecen el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina y los rasos Rubiel Martínez, alias Escobar, y Moreibin Medina Pérez.
Más allá de las negociaciones procesales, el caso deja abierto un contraste difícil de ignorar entre el discurso de control institucional y la magnitud de una sustracción ocurrida dentro de la propia estructura policial. En medio del desgaste sobre la gestión de seguridad y de una creciente demanda ciudadana de vigilancia real sobre el poder, la decisión pendiente del tribunal será observada como una prueba de hasta dónde llega la respuesta del sistema ante una falla de alto impacto institucional y social.