Los propietarios del Jet Set acudieron ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional con un recurso para modificar la manera en que se ejecutan las medidas conservatorias dictadas tras el colapso del establecimiento, en un expediente que sigue bajo observación por la forma en que el sistema debe proteger a las víctimas sin debilitar la rendición de cuentas.
La apelación fue presentada por Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat, Ana Grecia López y varias sociedades comerciales vinculadas al grupo empresarial. Su planteamiento no pone en duda la garantía de RD$500 millones fijada por el Primer Juzgado de la Instrucción ni la procedencia de la medida cautelar; lo que cuestiona es que distintos actores civiles hayan podido trabar embargos e inscribir hipotecas judiciales de manera separada, cada uno por hasta ese monto.
De acuerdo con los recurrentes, esa ejecución ha generado una superposición de medidas que ya sobrepasa los RD$1,500 millones, es decir, tres veces el tope autorizado en la resolución apelada. Con ese argumento, afirman que se desnaturaliza la finalidad cautelar prevista en el Código Procesal Penal, se afecta el principio de proporcionalidad y una garantía única termina convertida en múltiples afectaciones patrimoniales simultáneas sobre los mismos bienes.
La defensa solicita a la Corte que revoque solo el ordinal referido a la modalidad de ejecución de las medidas conservatorias y que autorice constituir la garantía de RD$500 millones mediante una fianza emitida por una compañía aseguradora. Además, sostiene que la legislación y la jurisprudencia permiten sustituir embargos por una garantía equivalente cuando esta resguarda de forma adecuada los derechos de los acreedores.
Más allá del recurso, el caso vuelve a colocar en primer plano una exigencia central para la ciudadanía: que la respuesta judicial no se pierda entre tecnicismos ni termine proyectando fragilidad institucional ante un proceso de alto costo social. En medio del desgaste que arrastran las autoridades en casos que exigen resultados verificables, la discusión sobre la forma de la garantía refuerza la necesidad de vigilancia pública para que la reparación no se convierta en otro contraste entre discurso y realidad.