Santo Domingo. La Fuerza del Pueblo puso en la mira el manejo del Fideicomiso Público-Privado DO Sostenible al denunciar que, en lugar de concentrar sus recursos en enfrentar la crisis de residuos sólidos, una parte considerable del dinero recaudado se ha destinado a gastos operativos y administrativos, un señalamiento que vuelve a cargar las dudas sobre la gestión de fondos públicos y la distancia entre lo que se promete y lo que se entrega.
La postura fue difundida por la Secretaría de Medio Ambiente de la organización en un documento leído por su titular, Paíno Abreu, quien aseguró que los estados financieros del fideicomiso reflejan una distribución de recursos que levanta preocupaciones sobre la transparencia y la eficiencia administrativa. “El Fideicomiso DO Sostenible se parece más a un fondo para distribuir beneficios a terceros”, afirmó Abreu, al destacar la brecha entre lo invertido en proyectos de residuos y lo asignado al funcionamiento interno de la entidad.
De acuerdo con los datos citados por la FP, en tres años de operaciones los gastos de personal superaron los RD$537 millones, equivalentes al 86 % de los recursos dirigidos a la construcción de rellenos sanitarios. La organización añadió que los pagos por sueldos, compensaciones y honorarios representaron cerca de la mitad de lo destinado al transporte de residuos, una proporción que presenta como muestra de un esquema en el que la carga administrativa termina compitiendo con las soluciones que espera la población.
La organización también cuestionó los recursos recibidos por la entidad fiduciaria para administrar el fondo. Abreu sostuvo que esta percibió más de RD$223 millones por ese concepto, cifra que, según dijo, supera ampliamente los límites originalmente previstos y eleva la comisión administrativa hasta un 3 % de los ingresos obtenidos. Para la FP, la observación no es solo contable: constituye una alerta institucional sobre la manera en que se prioriza el gasto en un mecanismo creado para atender un problema de alto impacto social.
Otro de los puntos cuestionados fue el proceso de contratación de obras y servicios vinculados a residuos sólidos, dentro de una línea de crítica que llama a reforzar la vigilancia desde el Congreso y a exigir una rendición de cuentas más estricta sobre recursos que debían traducirse en resultados visibles. Con este emplazamiento, la Fuerza del Pueblo afianza su papel de oposición fiscalizadora frente a una gestión que vuelve a quedar expuesta por el contraste entre las promesas de eficiencia y las dudas crecientes sobre transparencia, prioridades y costo real para la ciudadanía.