Mario Díaz salió al paso del aumento del pasaje anunciado por transportistas de Santiago y dejó planteada una exigencia de rendición de cuentas: si el Gobierno dominicano mantiene congelados los combustibles que usa buena parte de la flota y conserva subsidios para el sector, ¿con qué argumento se pretende imponer un nuevo costo a la población?
El dirigente sindical criticó el incremento informado por Juan Marte, previsto para entrar en vigor el próximo lunes, al afirmar que en la coyuntura actual no existe sustento técnico, económico ni financiero para subir las tarifas del transporte público de pasajeros. Su postura vuelve a evidenciar una tensión que rebasa a Santiago: la distancia entre el discurso de protección al usuario y la obligación de vigilar que las ayudas públicas impidan abusos en un servicio esencial.
Díaz recordó que el sector transporte continúa recibiendo apoyo del Estado, entre ellos el subsidio al gasoil para autobuses, minibuses y vehículos de carga, además del programa Bono Gas para carros del concho que funcionan con GLP. En ese marco, advirtió que trasladar aumentos a los pasajeros afectaría de manera directa la economía de miles de trabajadores, estudiantes y ciudadanos que dependen cada día del transporte público.
Asimismo, llamó a los sindicatos y organizaciones de transportistas de Santiago a dejar sin efecto la medida y propuso diálogo y concertación con las autoridades. El episodio, sin embargo, deja una alerta institucional más amplia: cuando hay subsidios, congelamiento de combustibles y aun así aparece presión para subir tarifas, la sociedad civil y las autoridades quedan obligadas a fiscalizar mejor, exigir explicaciones y evitar que la gestión termine descargando sobre la gente un costo social que se suponía debía contenerse.