Una niña de 11 años murió por ahogamiento en la piscina de un centro recreativo del sector 40, en Vicente Noble, Barahona, y el hecho volvió a poner bajo la lupa las condiciones de vigilancia y control con que funcionan estos espacios abiertos al público, donde el cobro de entrada no reemplaza la responsabilidad sobre la seguridad de los menores.
La víctima, Yoselina Simón Char, de nacionalidad haitiana, estaba en el lugar solo con su hermano de ocho años. De acuerdo con el diagnóstico del médico legista y del representante del Ministerio Público actuante, la menor falleció por asfixia por sumersión.
Las indagatorias preliminares señalan que ambos niños ingresaron al establecimiento luego de pagar la cuota de acceso, sin la presencia de sus padres ni de un tutor responsable. Ese dato no cierra el caso; por el contrario, deja abiertas las preguntas sobre los protocolos reales de supervisión dentro del centro recreativo y sobre cómo se permitió la entrada de dos menores sin acompañamiento a un área de riesgo evidente.
Como parte de la investigación, las autoridades mantienen detenidos al administrador del centro, Darío Vallejo Matos, y al propietario, Pablo Méndez Medina, para establecer en qué circunstancias ocurrió el hecho. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para la autopsia correspondiente.
Más allá del proceso judicial en marcha, el caso deja un desenlace imposible de maquillar: una menor perdió la vida en un establecimiento que recibía público. La investigación tendrá que determinar responsabilidades concretas, pero la tragedia ya vuelve a encender una alerta institucional sobre la fiscalización efectiva de estos espacios y sobre la distancia entre la operación permitida y la protección que las familias esperan cuando un centro recreativo cobra por acceso.