La Comisión Especial del Senado dio por terminado el estudio del proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, una iniciativa que vuelve a exponer la brecha entre el discurso reformista y la necesidad de controles comprobables sobre una institución marcada por cuestionamientos de gestión, supervisión y manejo de recursos.
Franklin Romero, presidente de la comisión, explicó que durante el proceso se revisaron y ajustaron varios artículos con el propósito de fortalecer la profesionalización y la eficiencia policial. Entre esas modificaciones, el proyecto ratifica que el presidente de la República mantendrá el mando supremo de la Policía Nacional, de forma directa o por medio del Ministerio de Interior y Policía, un punto que no cierra la discusión y, por el contrario, aumenta la responsabilidad política del poder civil sobre los resultados de la reforma.
La propuesta también amplía las atribuciones de la Dirección de Asuntos Internos, que no solo investigaría, sino que además supervisaría operaciones encubiertas, aplicaría pruebas de integridad al personal, vigilaría el manejo de información reservada y rendiría informes sobre casos de corrupción y posibles vínculos de agentes con estructuras criminales. Ese alcance refuerza la alerta institucional: si el proyecto necesita blindar esas áreas, también confirma la dimensión de los controles aún pendientes y la obligación de fiscalización del Congreso y la sociedad civil.
El texto, además, refuerza las funciones del Consejo Superior Policial al asignarle nuevas competencias sobre indicadores de gestión, proyectos de modernización, infraestructura, tecnología y presupuesto, así como la evaluación de ascensos, retiros y traslados de oficiales. A esto se suma la eliminación de asignaciones permanentes de agentes a empresas privadas, corporaciones y fundaciones, limitando ese servicio a instituciones públicas y estableciendo sanciones administrativas, civiles y penales para las autoridades que desvíen policías de la seguridad pública.
Más que un punto de llegada, el cierre del estudio en el Senado deja abierta una pregunta de fondo: si la reforma promete más supervisión, transparencia y disciplina, corresponderá demostrar que no se trata de otro rediseño administrativo sin impacto tangible en la seguridad ciudadana, el uso del presupuesto y la rendición de cuentas que el país sigue reclamando.