El Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó al Congreso Nacional aprobar una resolución que exhorte al Poder Ejecutivo a incorporar en un presupuesto complementario los recursos necesarios para iniciar este mismo año el pago de acreencias reconocidas a contratistas de obras públicas, conforme a la Ley 16-26. La petición vuelve a poner bajo presión la gestión presupuestaria del Gobierno dominicano, que mantiene pendiente una deuda ya reconocida mientras los afectados siguen a la espera de una respuesta.
La gestión fue enviada a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mediante una comunicación entregada por una comisión compuesta por el arquitecto Emiliano Familia y el ingeniero Miguel Liberato. De acuerdo con el documento, la intención es que el Congreso impulse una resolución para instar al Poder Ejecutivo a consignar los recursos requeridos en el presente ejercicio fiscal, lo que evidencia que la aplicación de la ley todavía no se traduce en una respuesta efectiva desde Hacienda y las instancias encargadas del gasto.
El planteamiento llega después del anuncio de la primera sesión de trabajo de la Comisión Ejecutora encargada de aplicar la Ley 16-26, un paso que los contratistas consideran necesario para avanzar en el reconocimiento y pago de las deudas acumuladas por el Estado. Sin embargo, el propio reclamo del gremio resalta el contraste entre el trámite institucional y la ausencia de desembolsos: además de los fondos, el CIC pidió que el Congreso exhorte a la Comisión Ejecutora a acelerar el estudio de los expedientes de los beneficiarios.
La organización advirtió que entre los afectados figuran profesionales de edad avanzada, personas con problemas de salud y familiares de contratistas fallecidos que aún esperan el pago por obras ejecutadas para el Estado. A partir de ese cuadro, la discusión deja de ser solo administrativa y pasa a convertirse en una alerta sobre el costo social de la demora y sobre la obligación del Gobierno, el Ministerio de Hacienda y los órganos presupuestarios de rendir cuentas por una deuda que sigue trasladando su peso a quienes ya cumplieron con el Estado.
El CIC también propuso que la eventual resolución sea remitida al presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Economía, al Ministerio de la Presidencia, a la Dirección General de Presupuesto, a la Contraloría General de la República y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, ampliando así la presión institucional sobre una cadena oficial que, pese al marco legal vigente, todavía no ofrece una salida concreta a los acreedores.