La presentación de los avances del Programa de Trabajo Decente de la República Dominicana 2027-2029, hecha este martes por el Ministerio de Trabajo junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dejó también al descubierto una realidad que sigue sin resolverse: la informalidad laboral, identificada por las propias autoridades como uno de los grandes desafíos del país.
En la tercera sesión tripartita del Comité de Seguimiento, el Gobierno reiteró su compromiso con la creación de empleo digno, la formalización del mercado laboral y el fortalecimiento del diálogo social. La iniciativa, impulsada con la OIT, reunió a representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores con el fin de revisar acciones dirigidas a ampliar el empleo formal, la protección social y las condiciones laborales.
Al abrir la jornada, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, afirmó que el trabajo decente es la base del desarrollo económico y social, aunque reconoció que la informalidad sigue afectando la meta de una economía más competitiva e inclusiva. “El trabajo decente será siempre un aspecto cardinal de cualquier proceso de desarrollo. La formalidad es un requisito indispensable para garantizar empleos con dignidad, protección social, seguridad laboral, igualdad de oportunidades y respeto a los derechos de los trabajadores”, expresó.
El Programa de Trabajo Decente por País define prioridades en empleo, derechos laborales, protección social y diálogo social, acordadas de forma tripartita entre gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, y además sirve como instrumento de programación de la OIT a nivel nacional. Sin embargo, la insistencia oficial en los “avances” vuelve a colocar bajo la lupa la capacidad de la gestión de Luis Abinader para convertir mesas, compromisos y seguimiento institucional en mejoras concretas para la población trabajadora.
La discusión, más que cerrar con una exposición de intenciones, reaviva la exigencia de resultados verificables en formalización, cobertura social y calidad del empleo, en un asunto que impacta de forma directa la vida de millones de dominicanos y el costo social de una economía que todavía no logra cerrar la brecha entre promesas y realidad laboral.