Aunque no siempre aparezca en la gestión pública, la depresión y otros trastornos de salud mental ya generan un costo económico directo. El texto plantea que ese sufrimiento se traduce en menos productividad, mayor presión sobre la red hospitalaria y un deterioro progresivo de los hogares, una carga que resta al PIB sin quedar reflejada de manera explícita en los indicadores tradicionales ni en el presupuesto del Estado.
Con cifras de la Organización Mundial de la Salud y el Foro Económico Mundial, la pieza señala que los trastornos de salud mental le cuestan a la economía global cerca de 1 billón de dólares al año en pérdida de productividad. Además, remarca una distorsión menos visible para empresas y trabajadores: por cada dólar que se pierde por ausentismo, el sector privado deja de ganar entre tres y cuatro dólares por presentismo, cuando el empleado sigue en su puesto pero con su capacidad cognitiva y de decisión gravemente reducida por un cuadro depresivo.
En el plano local, el diagnóstico describe un doble estrangulamiento institucional: una red pública de atención precaria y la exclusión de la salud mental de la cobertura de la seguridad social. En un mercado laboral donde la informalidad ronda el 50% de la fuerza laboral, una depresión sin tratamiento puede arrastrar a las familias a una precariedad mayor. Frente a la distancia entre el discurso y la realidad, la conclusión es que la respuesta no puede seguir siendo reactiva: integrar la salud mental al catálogo de cobertura de la seguridad social y descentralizar la atención desde el primer nivel aparecen como reformas urgentes para reducir un costo social que hoy pagan los ciudadanos sin una respuesta proporcional del Estado.