La principal preocupación no se limita al presupuesto del Ministerio de Cultura ni al calendario anual de actividades. El foco está también en la ausencia de un gran diálogo nacional sobre la política cultural que necesita la República Dominicana para las próximas décadas. Ese planteamiento abre de nuevo un frente de fiscalización sobre la gestión pública: si ese proceso de concertación existe, sus resultados deberían ser conocidos por el país; si no, queda en evidencia la distancia entre el discurso institucional y la construcción real de una política de Estado.
El texto insiste en que la cultura no puede definirse solo desde los despachos públicos y que el Ministerio de Cultura no debe asumir esa tarea por sí solo. Desde esa premisa, coloca sobre la mesa una demanda directa de rendición de cuentas al Gobierno dominicano: convocar, escuchar y articular consensos con la comunidad artística, las universidades, las academias, el sector empresarial, los gobiernos locales y la sociedad civil, en vez de limitar la gestión a la administración de instituciones.
La advertencia también señala el desgaste de un modelo que no consigue convertir la gestión en acuerdos duraderos. Gobernar la cultura, se sostiene, supone transformar ese diálogo en políticas públicas capaces de ir más allá de los períodos gubernamentales. Además, la discusión ya no puede reducirse al territorio insular, en un contexto en que la República Dominicana del siglo XXI desborda sus fronteras geográficas, lo que refuerza la presión para que las autoridades expliquen qué resultados concretos han producido y con qué nivel de participación ciudadana.