Daniel Ortega dijo este domingo que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones que permitan a la oposición llegar al poder, una afirmación que vuelve a poner en primer plano el cierre político que críticos de su gobierno denuncian desde hace años. En un acto por el 47 aniversario de la revolución sandinista, el presidente aseguró que su administración impedirá cualquier proceso electoral que, según sostuvo, pueda ser utilizado por sus adversarios para «atrapar el Gobierno» o «el poder».
La declaración llega en medio de una mayor concentración institucional. Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde 2017, comparte el Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, nombrada copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Ejecutivo. De acuerdo con el propio marco descrito en esa modificación, se eliminó el equilibrio entre los poderes públicos, se subordinó a órganos del Estado al Ejecutivo, se extendió el mandato presidencial de cinco a seis años, se oficializó la figura de la copresidenta y se legalizó la apatridia.
Durante su discurso, Ortega cargó contra opositores exiliados, a quienes llamó «agazapados» y acusó de buscar beneficios económicos. Además, anunció nuevas leyes junto con la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, para endurecer las medidas contra quienes calificó como «golpistas» y «vendepatrias». Tanto las reformas como estas declaraciones han sido cuestionadas por organismos internacionales y varios gobiernos, que advierten la consolidación de un esquema sin contrapesos democráticos y con cada vez menos espacio para la oposición.