República Dominicana rechazó con los términos “más enérgicos” las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien aseguró en un acto público que en ese país “no volverán a haber elecciones”, una postura que la Cancillería consideró un “abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa” y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus gobernantes.
La Cancillería afirmó en su pronunciamiento que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, en alusión al artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana. El texto añade que “ningún gobierno” puede privar a un pueblo de expresar periódicamente su voluntad soberana mediante el voto ni cerrar de manera unilateral la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder.
La declaración oficial ratifica el compromiso del país con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, pero también deja planteada una exigencia de vigilancia institucional: la defensa de esos principios no termina en la condena diplomática, sino que queda expuesta al escrutinio público cada vez que el gobierno dominicano apela a estándares democráticos en la región. En ese escenario, el caso vuelve a poner el acento en la necesidad de rendición de cuentas y de coherencia entre discurso y práctica cuando se habla de instituciones y derechos ciudadanos.