La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) sostuvo que el Tribunal Superior Electoral (TSE) debió conocer el recurso presentado contra la Resolución núm. 14-2026 de la Junta Central Electoral (JCE), al considerar que se trata de una controversia propia de la jurisdicción contencioso-electoral. El señalamiento coloca bajo escrutinio una decisión que, según la entidad, reabre dudas sobre cómo se están resguardando las reglas institucionales en un tema sensible del sistema electoral.
En un comunicado, el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que la incompetencia declarada por el TSE plantea un debate sobre el alcance de las competencias constitucionales de la jurisdicción electoral y sobre la preservación del diseño institucional previsto en la Constitución. También sostuvo que invocar normas constitucionales no convierte por sí solo un litigio contencioso en una acción directa de inconstitucionalidad, por lo que el caso, centrado en la legalidad de un reglamento emitido por la autoridad electoral, debía ser conocido por el juez electoral.
Finjus advirtió que trasladar este tipo de controversias al Tribunal Constitucional desnaturaliza las funciones de ambas jurisdicciones, desconoce el principio del juez natural y favorece una expansión indebida de la justicia constitucional. El planteamiento refuerza la exigencia de vigilancia sobre decisiones que impactan la arquitectura institucional y que, lejos del discurso de fortaleza democrática, pueden abrir nuevas zonas de incertidumbre en la administración de las reglas electorales.