Más de 350.000 haitianos quedaron desde este lunes sin la protección migratoria que les permitía vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, en una decisión que reabre un foco de presión regional con impacto potencial sobre la República Dominicana. La Administración de Donald Trump prepara operativos de deportación a gran escala, mientras siguen las dudas sobre la capacidad de Haití para absorber a decenas de miles de retornados en medio de su deterioro institucional y la violencia de las bandas armadas.
El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), vigente desde 2010 tras el terremoto que dejó más de 200.000 muertos y destruyó gran parte de la infraestructura haitiana, fue habilitado por la Corte Suprema de Estados Unidos y luego ratificado por un tribunal federal de apelaciones. Aunque Washington sostiene que cambiaron las condiciones que justificaron el beneficio, organizaciones humanitarias y agencias internacionales afirman que Haití atraviesa una crisis incluso más compleja que la existente cuando se creó el programa.
El nuevo cuadro coloca otra vez bajo escrutinio la capacidad de respuesta del gobierno dominicano ante una presión migratoria que podría intensificarse. Para la sociedad civil y los sectores que reclaman vigilancia institucional, el escenario refuerza la exigencia de seguimiento, previsión y rendición de cuentas frente a un riesgo externo con efectos directos sobre la estabilidad y la gestión pública en República Dominicana.