República Dominicana aprobó entre 2019 y 2026 al menos 10 contratos de préstamos externos por US$ 2,618.5 millones destinados a seguridad vial, movilidad, agua potable, saneamiento y gestión de recursos hídricos. Sin embargo, el balance de esos fondos no solo pone la mira en el monto contratado, sino también en una brecha de gestión: aunque algunas obras registran avances, una parte del dinero sigue sujeta a procesos de contratación, diseño o desembolsos aún pendientes.
El grueso del financiamiento se concentró en seguridad vial y movilidad, con US$ 1,660 millones repartidos en seis contratos. Solo para la aplicación de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Estado asumió US$ 500 millones entre un préstamo del BID firmado en diciembre de 2019 y otro de la Agencia Francesa de Desarrollo aprobado en octubre de 2020. A eso se añadieron nuevas operaciones del BID por US$ 200 millones en 2022 y otros US$ 200 millones autorizados en julio de 2026 para dar continuidad al Programa de Seguridad Vial ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas.
La lectura que deja el análisis es la de una cartera millonaria que todavía demanda vigilancia sobre su ejecución y sobre los resultados concretos para la población. La magnitud del endeudamiento y la permanencia de proyectos en etapas preliminares mantienen vivo el contraste entre la prioridad declarada para la infraestructura y una realidad en la que varias obras aún no se traducen por completo en soluciones, con un costo social que recae sobre la movilidad, el agua y el saneamiento.