En una de sus primeras declaraciones públicas tras ser elegido presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, el obispo Ramón Alfredo de la Cruz Baldera planteó la necesidad de que la Iglesia católica dominicana ofrezca mayor apoyo a las mujeres en situación de fragilidad. Pero el repaso histórico sobre el trato dado a las mujeres dentro de la Iglesia vuelve a colocar el foco en una discusión más incómoda: cuánto tardaron sus estructuras en reconocer una desigualdad que ya era visible desde hace décadas.
Al revisar la experiencia de la Compañía de Jesús, el texto sitúa un punto de inflexión en la Congregación General 34 de 1995, convocada por Peter-Hans Kolvenbach, cuando se aprobó el decreto 14. Allí los jesuitas admitieron: “Aun sin percatarnos, hemos sido cómplices de una forma de clericalismo que ha respaldado el dominio convencional del varón con una sanción presuntamente divina. Con esta declaración queremos reaccionar personal y corporativamente y hacer lo que podamos para cambiar esta lamentable situación”. La propia lectura del decreto añade que esa alerta venía desde congregaciones anteriores, como la CG 32, iniciada en 1974 y convocada por Pedro Arrupe, y la CG 33.
Ese recorrido, junto con el dato de que incluso en el siglo XVI una mujer solo pudo entrar a la orden bajo un nombre falso, refuerza el contraste entre los gestos de apertura y la magnitud del rezago institucional. Más que una celebración cerrada, el reconocimiento tardío obliga a mirar con fiscalización una estructura que ahora habla de mayor participación femenina después de haber normalizado por largo tiempo su exclusión.