La demora en crear con urgencia los Consejos Regionales de Desarrollo (CRD) en las diez regiones de planificación contempladas por la Ley 345-22 vuelve a colocar bajo examen la gestión territorial del gobierno dominicano. El dato institucional que sostiene esa discusión es difícil de pasar por alto: organizar un país repartido en 158 municipios y 235 distritos municipales, con casi 400 gobiernos locales y más de 360 instituciones del Poder Ejecutivo actuando muchas veces sin coordinación, deja al descubierto una estructura dispersa que sigue sin ofrecer una respuesta coherente.
El diagnóstico mismo refleja la distancia entre el discurso y la realidad. Aunque se habla de ordenamiento territorial, cada organismo trabaja con mandatos, mapas, prioridades y divisiones regionales distintas, lo que impide una política consistente. Aun frente a la nueva inversión prevista con apoyo del Banco Mundial, el texto señala que debe evitarse repetir esquemas inconexos y privilegiar una lógica que vaya de lo general a lo particular, en lugar de multiplicar esfuerzos sin una dirección común.
La advertencia institucional se robustece con el repaso de experiencias fallidas mencionadas en el artículo: proyectos internacionales de los que “no queda nada”, entre ellos 20 planes municipales estratégicos en el sur y más de 25 planes estratégicos dispersos en el Cibao elaborados en un supuesto “Planifica”. A partir de ahí, la propuesta de reunir al Estado, los gobiernos locales, el sector empresarial, las universidades y la sociedad civil en plataformas permanentes de concertación aparece menos como una alternativa técnica que como una exigencia de fiscalización, coordinación y rendición de cuentas frente a un modelo que ha acumulado planes, pero no resultados duraderos.