República Dominicana sigue siendo destino de un enorme flujo de contrabando de cigarrillos, una realidad que combina riesgo sanitario, evasión fiscal y fallas de control. El problema no solo alcanza a fumadores que consumen productos en transgresión legal y ocultan su procedencia, sino también al Estado, que deja de percibir recursos mientras circulan mercancías fuera de las restricciones previstas por la ley 48-00.
Cada año se interceptan millones y millones de cajas de paquetes de cigarrillos en intentos de ingreso al territorio nacional. Para expertos, ese volumen confirma una demanda intensa y creciente de una mercancía furtiva que prolifera al margen de las advertencias sanitarias obligatorias. KPMG, firma especializada en auditorías de impuestos, certifica la dimensión del fenómeno y refuerza el contraste entre la normativa vigente y una realidad donde marcas y fabricaciones fantasmas siguen llegando a consumidores invisibles para fines impositivos y de salud pública.
El impacto va más allá del comercio ilegal. Según la referida firma, el fisco deja de recibir 41 millones de dólares al año, mientras un elevado número de fumadores queda expuesto a humos de origen anónimo que atentan contra el bienestar ciudadano. En un mercado donde los gravámenes también buscan compensar al Estado por los gastos derivados del daño a la salud colectiva, la expansión de este contrabando vuelve más urgente la fiscalización y la rendición de cuentas sobre una actividad clandestina de gran movimiento de efectivo.