Diez personas fueron arrestadas este viernes 31 de julio de 2026 en operativos simultáneos de la Policía Cibernética y el Ministerio Público en seis provincias, acusadas de estafas electrónicas, accesos ilícitos y transferencias fraudulentas. El caso, sustentado en órdenes judiciales, apunta a un patrón de desvío de fondos mediante ataques informáticos y engaños dirigidos a vulnerar la seguridad bancaria de ciudadanos.
Según los informes de la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la DICRIM, los investigados empleaban phishing para obtener credenciales, apropiarse de contraseñas y ejecutar transacciones no autorizadas hacia cuentas de terceros. Las pesquisas también establecen que recurrían a la suplantación de identidad, haciéndose pasar por ejecutivos bancarios para pedir códigos de seguridad y claves dinámicas, un contraste directo entre la promesa de resguardo institucional y la exposición real de los usuarios.
La operación fue validada por tribunales del Distrito Nacional, Santiago, Montecristi, San Juan de la Maguana, La Altagracia y Santo Domingo Oeste. Además de la fachada bancaria, los implicados promovían por redes sociales y mensajería móvil falsas ofertas de préstamos, venta de vehículos importados y equipos tecnológicos; tras recibir pagos, cortaban la comunicación. Los detenidos —Alberto Guillermo de Aza Ureña, Francisco Antonio Rodríguez Olivo, Ángel David Morales, Rosa Iris Céspedes, Hungría Santana, Martín Montero Peña, Luis Jovanny Sánchez Ramos, Jesús Manuel Marte Colón, Christopher Miguel Villalona Mendoza y Miguel José Sánchez Paula— son investigados en expedientes independientes, mientras el caso vuelve a colocar bajo presión la vigilancia, el control y la rendición de cuentas frente a un delito que golpea directamente a la ciudadanía.