La apertura de una nueva etapa en el Consejo Nacional de la Magistratura, llamado a evaluar a once de los diecisiete integrantes de la Suprema Corte de Justicia, coloca otra vez en primer plano una discusión sensible para la institucionalidad dominicana: si el poder político actuará como garante de la independencia judicial o como factor de presión sobre ella. El texto advierte que la escogencia de quien presidirá ese poder del Estado será una de las decisiones más importantes y difíciles del proceso, en un momento en que ya se da por segura la decisión del magistrado Luis Henry Molina de no someterse a esa evaluación.
La referencia a la crisis institucional en Costa Rica funciona como señal de advertencia. Allí, los choques entre el Poder Ejecutivo y el Judicial se agravaron desde la llegada de Rodrigo Chaves al poder en 2022 y alcanzaron un punto crítico con la querella del gobierno de Laura Fernández contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional. El caso es presentado como ejemplo de lo que ocurre cuando el Ejecutivo resiste la autonomía de la justicia y el Congreso oficialista bloquea decisiones clave, mientras desde el poder se desacredita a los jueces.
En República Dominicana, el debate se conecta con una herida institucional previa: la inamovilidad judicial instaurada en la Constitución de 1994 y luego limitada en la reforma de 2010 impulsada por el ex presidente Leonel Fernández, que dejó a los jueces sujetos a evaluación por el CNM. Desde ese antecedente, la discusión actual no se reduce a un relevo interno, sino a una prueba de rendición de cuentas para el sistema político y para el gobierno dominicano, encabezado por Luis Abinader, junto al Congreso: la prioridad, según el texto, debe ser seleccionar al mejor candidato para la justicia y no al más conveniente para intereses de poder.