En medio de una nueva crisis en el suministro de energía, la comisión que estudia el Pacto Eléctrico en el Consejo Económico y Social (CES) volvió a reunirse el viernes 31 de julio, con la advertencia de que el acuerdo solo tendrá sentido si deja de ser un trámite de firmas y pasa a responder a lo que viven los consumidores. En la reunión, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) reclamó que se coloque en el centro a los usuarios del servicio.
El señalamiento ocurre en un contexto de desgaste para la gestión del sector: los ciudadanos, según lo expuesto, no han sido suficientemente informados sobre el cambio de medidores, las razones de las altas facturaciones ni el regreso de apagones que en algunas zonas se prolongan hasta por tres días. Ese contraste entre la discusión institucional y la experiencia diaria de la población refuerza la exigencia de fiscalización sobre los compromisos asumidos.
La propuesta planteada ante el CES apunta a que cada compromiso del Pacto Eléctrico sea público, medible y sujeto a plazos definidos, con evaluaciones periódicas y participación ciudadana. También reclama que cada actor explique qué ha cumplido, qué mantiene pendiente y por qué no ha honrado su palabra, bajo la advertencia de que un pacto sin seguimiento ni consecuencias políticas, institucionales o de reputación termina perdiendo legitimidad.