La reanudación de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, celebrada este viernes por la presidenta Keiko Fujimori, se concretó solo después de que Lima autorizara la salida hacia territorio mexicano de la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada por el Gobierno mexicano. El restablecimiento de los vínculos oficiales cierra una etapa de suspensión abierta desde noviembre de 2025, cuando México concedió asilo a la exfuncionaria del expresidente Pedro Castillo, condenada a 11 años y cinco meses de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de 2022.
Durante una visita oficial a Junín, Fujimori presentó la decisión como parte de una prioridad de su administración y la vinculó al respeto al Estado de derecho y al derecho internacional. También sostuvo que la medida fue bien recibida por las autoridades mexicanas y expresó su confianza en que ambos países designen en los próximos días a sus embajadores. Sin embargo, la secuencia deja en evidencia que la normalización bilateral llegó atada a una salida política y diplomática que obligó al Gobierno peruano a administrar una crisis que llevaba meses abierta.
Mientras la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, definió la decisión como un gesto de buena voluntad para reactivar el diálogo, la Cancillería peruana subrayó que el salvoconducto no implica reconocer a Chávez como perseguida política. Ese contraste entre la justificación oficial y el resultado final mantiene abiertas las preguntas sobre el manejo institucional del conflicto, el desgaste acumulado por la ruptura y la necesidad de vigilancia pública sobre decisiones que el poder presenta como cierre diplomático, pero que nacen de una crisis no resuelta en su origen.