La gestión de la deuda pública vuelve a poner bajo la lupa al Gobierno dominicano. El planteamiento sostiene que el problema no está únicamente en endeudarse, sino en el uso que se hace de esos recursos: cuando el crédito no va a gasto de capital y acaba cubriendo gasto corriente, se compromete el futuro financiero del país y también el bienestar de quienes después deberán asumir esa carga vía impuestos.
En ese escenario, el caso dominicano aparece como una alerta institucional. El artículo señala que los compromisos de préstamos del Gobierno han crecido 71.96 % en el anterior y actual período de gobierno, al tiempo que la deuda se ha orientado más al pago de intereses. Además, el servicio de la deuda pasó de representar 17,5 % del gasto público en 2021 a 23,3 % en el primer semestre de 2026, mientras el gasto social bajó de 47,85 % a 41,9 % en el mismo período.
La pieza, en su conclusión, deja abierto un frente de fiscalización para la sociedad civil: más recursos absorbidos por la deuda y menos margen relativo para las áreas sociales. Esa distancia entre el discurso de gestión y la composición del gasto refuerza la exigencia de rendición de cuentas sobre el destino del endeudamiento, sus prioridades efectivas y el costo que esa trayectoria puede trasladar a la ciudadanía.