Una llamada de 19 minutos hecha por una firma encuestadora con más de 30 años en el país quedó en el centro de una denuncia: el cuestionario, lejos de limitarse a medir preferencias, habría servido para empujar la imagen de un aspirante presidencial del PRM y funcionario del Gobierno. El señalamiento se apoya en la repetición de su apellido y en la disminución de sus competidores.
El relato sostiene que la entrevista fue más allá de la intención de voto. También incorporó referencias a funcionarios asociados a ese proyecto político, a sus instituciones, a sus ejecutorias y a las políticas que promueven o deberían promover. Con ese diseño, afirma el autor, la consulta terminó convertida en una operación de posicionamiento político “cuidadosamente disfrazada” de investigación de opinión, con menciones reiteradas al aspirante oficialista y apenas dos a su oponente “más cercana”.
La acusación vuelve a poner bajo escrutinio el uso de herramientas de opinión en plena competencia política. Si el oficialismo y el PRM ocupan el centro del cuestionario mientras la oposición queda reducida, el impacto no sería solo comunicacional, sino también institucional. El choque entre el discurso democrático y la promoción encubierta alimenta dudas sobre las prioridades reales del poder, en un momento en que la ciudadanía espera resultados y explicaciones, no campañas adelantadas presentadas como medición neutral.