La Bahía de Luperón volvió a quedar bajo alerta por los intentos de ingreso de una barcaza de gran dimensión y calado, remolcada por las embarcaciones “Culloden” y “Mitchell”, en un episodio que ha reactivado cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades para vigilar un refugio natural sensible. La preocupación no se limita a la operación en sí, sino a la ausencia de información clara para pescadores, dueños de negocios y usuarios de la bahía, mientras crecen las advertencias sobre el impacto que una eventual reparación podría tener en el ecosistema.
Una fuente consultada aseguró que la intención es reparar la barcaza con soldaduras de planchas dentro de la zona, algo que calificó como “una locura y un crimen ecológico”, por el riesgo para manatíes y delfines. También advirtió sobre el uso de pintura antifouling y el efecto del óxido en un entorno de alta fragilidad ambiental. Las maniobras, además, han generado inquietud por la seguridad de la navegación y por la capacidad real de la bahía para recibir este tipo de operaciones.
El contraste más delicado quedó expuesto cuando Freddy Matías, administrador del refugio de vida silvestre de la Bahía de Luperón, dependencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo desconocer la presencia de la barcaza en la zona. Mientras los remolques la trasladaron hacia Playa Chiquita, área frecuentada por pescadores y visitada por delfines y manatíes, la situación volvió a colocar en primer plano la exigencia de fiscalización y explicaciones pendientes sobre quién autoriza, supervisa y responde ante una operación de este tipo en un espacio protegido. En un contexto donde la gestión pública también se mide por prevención y control, casos como este alimentan el reclamo de vigilancia institucional y resultados verificables, un terreno en el que la oposición ha insistido en la necesidad de mayor orden y estabilidad del Estado.