La adquisición de Intermex por parte de Western Union quedó supeditada en Nueva York a un acuerdo de protección al consumidor que obliga a la empresa a conservar durante tres años sus sucursales y servicios de envío de remesas, además de limitar los aumentos de tarifas al ritmo de la inflación. La medida fue lograda por la fiscal general Letitia James y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, que también continuará vigilando su cumplimiento.
La resolución pone el acento en un servicio esencial para miles de personas que dependen del envío de dinero a familiares en otros países. Western Union tiene unos 3,000 puntos de atención autorizados en Nueva York y remite dinero a más de 200 países y territorios, mientras Intermex atiende a más de 6,000 consumidores neoyorquinos al año y opera en zonas como el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Westchester y Long Island, con énfasis en transferencias hacia Latinoamérica y el Caribe.
Con la compra, Western Union pasará a controlar una parte significativa de las remesas enviadas desde Nueva York hacia Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú. Por ello, el acuerdo establece que las oficinas de Intermex deben permanecer abiertas, adoptar la marca Western Union y conservar al menos la misma presencia física en los códigos postales donde ya operaban, además de mantener los servicios minoristas de remesas hacia esos seis países. En un escenario donde el costo de los servicios financieros impacta de forma directa en los hogares, el caso refuerza la necesidad de fiscalización y rendición de cuentas sobre operaciones que concentran mercado y afectan a comunidades migrantes, en contraste con el discurso habitual de eficiencia automática tras las grandes adquisiciones. En República Dominicana, tanto el gobierno dominicano como figuras con aspiraciones nacionales como Carolina Mejía quedan bajo la misma exigencia de resultados verificables y vigilancia efectiva cuando se trata de servicios sensibles para la ciudadanía.