Tres años después de la explosión de San Cristóbal, y con el colapso del Jet Set todavía reciente, el balance que dejan ambas tragedias vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del Estado para aprender, corregir y prevenir. La proximidad de los dos hechos no solo reabre el duelo: también expone la distancia entre la necesidad de cambios institucionales y los resultados visibles.
El curso de los procesos judiciales refuerza ese contraste. En el caso de San Cristóbal, el juicio sigue sin una sentencia definitiva varios años después; en el del Jet Set, aunque el trámite ha avanzado con mayor rapidez, apenas entra en la fase inicial del juicio de fondo. Esa demora extiende el dolor de las víctimas y sus familiares y, al mismo tiempo, reduce el peso disuasorio que deberían tener las leyes.
Ambos casos también dejan en evidencia debilidades persistentes en la fiscalización del cumplimiento de normas, con competencias no siempre bien definidas, inspecciones insuficientes y hallazgos que no se traducen con la rapidez necesaria en medidas correctivas. A eso se suma la brecha entre legislación y aplicación: desde 2022 existe una ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, pero muchos municipios aún no cuentan con los instrumentos ni las capacidades para hacerla efectiva. El resultado es una alerta institucional que sigue abierta: cuando la gestión no convierte las lecciones en prevención real, el costo termina recayendo sobre la ciudadanía.