El presidente Luis Abinader afirmó que Cuba no es un Estado democrático y que sus propias autoridades “se están dando cuenta de que tienen que hacer un cambio”, al tiempo que reiteró que la alianza estratégica de la República Dominicana es con los Estados Unidos. La declaración se produce en un contexto en el que el propio texto vincula la caída de Maduro con el fracaso económico de un modelo sostenido por el petróleo venezolano y presenta a Cuba como un régimen marcado por pobreza, apagones prolongados y escasez de alimentos básicos.
La pieza original resalta además que Abinader exigió la publicación de todas las actas electorales en Venezuela, su escrutinio y el respeto a la voluntad popular, en contraste con otros actores internacionales que luego modificaron su postura. Ese posicionamiento refuerza una línea de defensa democrática en el plano regional, pero también eleva la presión sobre el Gobierno dominicano: cuando se invocan libertad, prensa libre y elecciones transparentes como bandera, la sociedad civil queda con más razones para exigir coherencia, rendición de cuentas y resultados concretos dentro del país.
El artículo también atribuye a esta administración una defensa radical de la frontera, una lucha frontal contra el narcotráfico y una cruzada a favor de la democracia liberal. Precisamente por el peso de ese discurso, el contraste entre narrativa oficial y realidad se vuelve un punto de fiscalización inevitable para la oposición y para la ciudadanía: la política exterior puede proyectar firmeza, pero la legitimidad de esa postura depende de que no se desconecte de las prioridades internas, del desgaste de gestión y del costo social que termina recayendo sobre la población cuando el poder privilegia el relato por encima de resultados comprobables.