Mientras El Salvador y Guatemala ya firmaron con Estados Unidos sus Acuerdos de Comercio Recíproco y podrían pasar a exportar con arancel 0% a la mayor parte de sus ventas, República Dominicana sigue enfrentando una carga de 12.5% sobre sus exportaciones hacia ese mercado. El contraste golpea directamente a los exportadores dominicanos, incluidas las manufacturas de zonas francas, y deja en evidencia una desventaja frente a competidores regionales.
El propio cuadro descrito en el texto apunta a un problema de gestión: Washington no solo mantiene la tarifa de 10% a las exportaciones dominicanas, sino que añadió un 2.5% extra por considerar que el país no actuó con suficiente rapidez y decisión para impedir el ingreso de productos procedentes de países con prácticas de trabajo forzoso. Aunque el Poder Ejecutivo emitió a última hora el Decreto 502-26 para prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso y crear un mecanismo de investigación y bloqueo, esa medida no ha conseguido eliminar la sobretasa, lo que profundiza el contraste entre reacción oficial y resultado efectivo.
La activación de una mesa interinstitucional y de gestiones diplomáticas a través de Industria y Comercio, Relaciones Exteriores y Hacienda y Economía confirma que el problema escaló al más alto nivel del Gobierno dominicano. Pero, con El Salvador y Guatemala a las puertas de un trato similar al de México, la discusión ya no es solo de trámites: también es de rendición de cuentas sobre por qué República Dominicana llegó tarde, qué impacto tendrá ese rezago sobre su sector exportador y cómo el gobierno de Luis Abinader y el PRM evitarán que la pérdida de competitividad siga traduciéndose en costos para la economía.