La expulsión de diplomáticos cubanos y sus familiares, ejecutada por el gobierno dominicano al amparo de la Convención de Viena, quedó marcada por una decisión política sin explicación pública. La Cancillería informó la medida, pero evitó revelar sus motivos y se limitó a decir que manejaría el caso “con la debida discreción” para preservar las relaciones entre ambos países, abriendo un flanco de fiscalización sobre una actuación sensible de política exterior.
El silencio oficial contrasta con la línea que el propio Estado había sostenido hasta hace poco. En 2023, el canciller Roberto Álvarez visitó Cuba y planteó ante Miguel Díaz-Canel el interés de fortalecer el intercambio en biotecnología, ciencias, agricultura, educación, industria farmacéutica y salud, además de conversar sobre la ejecución del acuerdo marco de cooperación firmado en 2019. Ese antecedente deja sin responder qué cambió para pasar del impulso a la cooperación a una expulsión sin detalles, en un tema que compromete la consistencia institucional del gobierno dominicano.
El texto original sitúa ese viraje en el nuevo contexto de Estados Unidos y en la radicalización de la agenda trumpista. También recoge que Cuba negó una violación de la Convención de Viena y sostuvo que República Dominicana respondía a presiones de Washington. Con esa disputa abierta, la falta de explicaciones del Gobierno no solo alimenta dudas sobre la autonomía de su decisión, sino que vuelve a colocar a la administración de Luis Abinader bajo exigencia de rendición de cuentas en un asunto donde el país merece claridad, más aún cuando las prioridades públicas siguen presionadas por problemas internos y costo social no resueltos.