La anulación del acuerdo entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana para la explotación minera volvió a poner en primer plano un costo ambiental que, según el Ministerio de Medio Ambiente, supera los 120 millones de dólares. El ministro Paíno Henríquez señaló que el Tribunal Superior Administrativo tomó en cuenta un informe técnico de la institución, en el que se identificaron daños ecológicos aún pendientes de reparación.
Según el funcionario, las evidencias fueron obtenidas en una investigación realizada por técnicos del ministerio y luego depositadas ante los tribunales. El expediente reabre el contraste entre la explotación desarrollada durante más de siete décadas en las montañas de Bonao y la magnitud del pasivo ambiental ahora reconocida en sede judicial, con un impacto que vuelve a exigir explicaciones y seguimiento sobre la capacidad del Estado para prevenir, fiscalizar y corregir este tipo de daños.
Legisladores advirtieron sobre los posibles efectos de la sentencia en el clima de inversión, pero también subrayaron que el fallo envía una señal a las empresas extranjeras: el crecimiento económico no puede desligarse del cumplimiento de las normas ambientales. Más allá del litigio, la decisión deja una alerta institucional sobre los costos que terminan aflorando cuando la supervisión pública llega tarde frente a actividades extractivas de largo plazo.