La decisión de imponer 18 meses de prisión preventiva a Argenis Natanael Peña Cabrera, ligado a la Operación XL526, vuelve a colocar en primer plano a una estructura que, según el Ministerio Público, extorsionaba, chantajeaba y estafaba a residentes en Estados Unidos mientras movía recursos de presunto origen ilícito dentro del sistema financiero. La jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, también declaró complejo el proceso por la cantidad de imputados, víctimas y el carácter organizado del caso.
Según la acusación, Peña Cabrera registró movimientos financieros que no guardaban relación con su perfil económico, entre ellos la recepción de dólares por remesas y divisas sin una actividad económica lícita relevante que los respaldara. El Ministerio Público afirma que esos recursos habrían sido ingresados al sistema financiero mediante transferencias bancarias y el traslado de dinero en efectivo para ocultar su procedencia, y que después fueron utilizados en la compra de viviendas, vehículos, prendas de alto valor y otros bienes suntuosos que no puede justificar.
El expediente nació con la Operación XL526, desplegada el 2 de junio con 35 fiscales, 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata y varios arrestos con fines investigativos. Las autoridades sitúan la base operativa de la red en Jacagua, Santiago, y le atribuyen un funcionamiento internacional apoyado en el dominio del inglés y en herramientas tecnológicas para captar víctimas mediante anuncios publicitarios. Con al menos 18 víctimas identificadas y más de 700 elementos probatorios, el avance judicial subraya no solo la dimensión del caso, sino también la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas ante una estructura que logró operar antes de ser desmantelada.