La Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres tuvo este viernes 21 de agosto una jornada en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, que volvió a situar bajo examen la respuesta institucional frente a un problema que no se resuelve solo con discurso. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de la Mujer con apoyo del Banco Mundial y del Sistema de las Naciones Unidas, busca escuchar a unos 5,000 hombres de distintos sectores y territorios para identificar percepciones, actitudes y factores de riesgo vinculados a la violencia.
En la actividad, acompañada por la viceministra de Cultura de Igualdad, Lily Luciano, destacó la disposición de participantes como don Miguel para preguntar, responder y tratar de entender términos de la consulta. Ese detalle refuerza una idea central: si se pretende incorporar a los hombres en la prevención, el Estado necesita abrir espacios donde puedan hablar y poner en cuestión conductas aprendidas como normales. A la vez, el alcance mismo de la consulta deja ver una brecha ya conocida entre el diagnóstico y los resultados, en un tema donde la prevención no puede quedarse en ejercicios de escucha sin consecuencias concretas.
La afirmación de que la violencia puede iniciar antes de la agresión física —con celos, control, desvalorización, incapacidad para gestionar el rechazo o ideas de autoridad dentro de la relación— remarca la dimensión social e institucional del problema. Justamente por eso, la consulta gana valor como insumo, pero también aumenta la presión sobre la gestión pública: comprender cómo se forman esas conductas obliga a rendir cuentas sobre qué políticas se reforzarán, de qué manera esa información se traducirá en prevención efectiva y hasta dónde el aparato estatal está respondiendo a una prioridad ciudadana que no admite más distancia entre intención y realidad.